El Senado de la Nación Argentina sigue acumulando actitudes escandalosas, ahora con la marcha atrás en el recorte de su presupuesto y también por la presentación de una típica iniciativa parlamentaria de extorsión legislativa. Mientras esto llama la atención, la cuestión de fondo no se discute, es decir cuáles deben ser los límites de la acción del estado y por ende las funciones legítimas del poder legislativo.
UNA DE LAS CONSECUENCIAS DEL INTERVENCIONISMO ESTATAL.
En el primer caso que se mencionó, los senadores nacionales habían eliminado una asignación de $ 1.200.- mensuales en concepto de gastos de mantenimiento de automóviles que representaba $ 84.000.- anuales, y al mismo tiempo se asignaron ese mismo monto a los legisladores que residen a más de doscientos kilómetros de la Capital Federal en concepto de "desarraigo", de cuyo beneficio sólo quedarían exceptuados 6 senadores de un total de 72. En consecuencia, solamente reducirán el presupuesto en seis mil pesos.
En este caso, se intentó justificar la decisión de la Cámara alta señalando, por ejemplo, que en algunos casos los senadores "se ven impedidos materialmente de desarrollar sus tareas con la profunda dedicación que exige su alta investidura". Y aquí hay que poner el acento en las tareas que realizan los legisladores nacionales, pues de lo contrario no se pueden comprender las consecuencias que generan las mismas.
Y lo cierto es que el Poder Legislativo desde hace tiempo viene excediéndose en sus funciones, lo cual ha generado -además de un exceso de legislación- una burocracia parlamentaria que creció como consecuencia directa de haber sumado nuevas actividades y también por la práctica del clientelismo político.
Los legisladores no necesitan autos oficiales, pero hubo que ocupar a personal innecesario en alguna actividad y los asignaron como choferes, para lo cual es necesario autos. Siguiendo la misma lógica se crearon 52 comisiones permanentes para 72 senadores. Una comisión creada en los últimos años se denomina de Inversión, y no porque con ella se atraerán capitales al país, sino porque hay que ubicar a la burocracia legislativa en algún lado y de paso las autoridades de cada comisión podrán designar en total a siete asesores. Además, se crearon otras comisiones permanentes como Libertad de expresión y Derechos y garantías, temas que ya están comprendidos en otra comisión como la de Asuntos Constitucionales.
Obviamente, más dependencias implican más lugares físicos, así que el Senado de la Nación se fue expandiendo en distintos edificios de la avenida Entre Ríos y hasta terminó re-estatizando en cierto modo el enorme edificio de la privatizada Caja de Ahorro. Y claro, después no tienen tiempo los legisladores para atender sus tareas en todas las comisiones, lo cual es lógico entre otras cosas porque asisten al Congreso de la Nación tres veces a la semana y uno de esos días tienen sesión de la Cámara.
Por eso, la "piolada" criolla de los senadores de eliminar una asignación y cambiarla por otra es un detalle, pues la cuestión de fondo pasa por limitar la función legislativa y ello implica a su vez limitar las funciones del estado. Además de aquellas actividades de las que el estado se debe encargar y lo hace mal, también se dedica a cuestiones ajenas a su función y algunas de ellas muy ajenas. Mientras tanto, algunos periodistas y opinólogos insisten en que en la Argentina el estado está ausente!
Estos casos mencionados de tareas innecesarias en el Senado, a las cuales se podrían agregar otras, surgen en gran medida por el crecimiento del personal legislativo más que por el voluntarismo político de los parlamentarios que pretenden resolver todas las cuestiones creando una comisión. De ahí que no se resuelva eliminar comisiones, pues ello implica despedir empleados públicos o reasignarlos en lugares que ya están desbordados por exceso de personal.
OTRA DE LAS CONSECUENCIAS DEL INTERVENCIONISMO ESTATAL.
El otro escándalo que provoca el Senado de la Nación es un nuevo caso de las consecuencias que produce la intervención estatal en la economía: la corrupción. Es conocido en el proceso legislativo la práctica de lobby o presión sectorial, cuyo objetivo es influir para la sanción de una ley a medida que le permita a una empresa o sector obtener mayores beneficios económicos de los que conseguirá compitiendo en un mercado libre. Por eso, al permitirse la intervención legal en la economía los legisladores pueden decidir quien gana y quien pierde. Hay que tener en cuenta que en cada cámara del Congreso de la Nación para cada sector productivo hay una comisión, lo cual incentiva el lobby sectorial.
De esta manera, los legisladores pueden favorecer a un grupo a cambio de algo, por supuesto. Pero también el lobby puede producir un efecto inverso para el sector privado: la extorsión legislativa. En este caso, una iniciativa parlamentaria puede generar costos importantes a una actividad y por tal motivo el sector perjudicado será invitado a "parar" la ley, a cambio de algo, por supuesto. Aparentemente, esto es lo que habría sucedido a raíz de la presentación de un proyecto de ley en el Senado disponiendo que el 2% de las ganancias de las entidades bancarias deberían pasar al sindicato del sector. Hace un tiempo, también en el Senado, se había presentado un proyecto similar que afectaba a las empresas petroleras y beneficiaba a un sindicato de ese sector.
En realidad, con las actuales reglas de juego la actividad parlamentaria se puede convertir en un negocio que ofrece privilegios legales para garantizar una renta segura o que puede amenazar con sancionar una ley que afectará el rendimiento económico de un sector. Entonces, sin restricciones constitucionales que impidan que unos se beneficien a costa de otros estas prácticas terminan siendo comunes en todas las democracias, incluyendo la de los Estados Unidos donde se legalizó esta actividad de "lobbying" en el año 1946. Anteriormente, lo que se conoce como el tráfico de influencias en la legislatura, estaba directamente prohibido en estados norteamericanos como el de Georgia. En la Argentina, la Constitución del 53 reconoce y garantiza las libertades individuales, incluyendo las económicas, aclarando expresamente en su artículo 28 que "Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio".
Teniendo en cuenta lo anterior, y el debate de fondo que se plantea en este artículo, en la Argentina hay que considerar seriamente volver al espíritu y la letra de la Constitución de 1853 para recuperar la senda de la libertad, del estado de derecho y del desarrollo económico. Mientras tanto, si no se realiza un debate de fondo sobre los límites de la acción estatal, la burocracia legislativa y los casos de corrupción seguirán siendo noticia en el Congreso de la Nación.
Fuentes: Gabriel C. Salvia, Director Ejecutivo Fundación Atlas para una Sociedad Libre (www.atlas.org.ar)
