Se trata de un total de 17.430.388 pesos derivados a las comunas entre diciembre de 2004 y el primer trimestre de 2007, que los intendentes, avalados por los Concejos Deliberantes, pretenden ejecutar o ejecutaron con un criterio alejado del objetivo de “financiar obras de infraestructura para el desarrollo económico y capacitación para actividades productivas”, que la ley de regalías establece como obligatorio al mismo tiempo que prohíbe destinar estos recursos a gastos corrientes.
A los efectos presupuestarios, se define como “gastos corrientes" a erogaciones no recuperables como los gastos en planilla (personal activo y cesante) o compra de bienes y servicios. De modo que la inversión en alumbrado público, cordones cunetas, cloacas, pavimento, organización de ferias y festivales y monumentos, entre otros, no estarían en principio dentro de las finalidades habilitadas para financiarse con regalías, según la ley 5128.
Sin embargo, las ambigüedades en la interpretación conceptual de la legislación dan lugar a criterios subjetivos a la hora de interpretar la legalidad de los proyectos presentados.
Los municipios con Concejo Deliberante representan a 23 de los 36 que tiene la provincia. Son las comunas cuyas inversiones con las regalías resultan más controvertidas, pese a que, al menos teóricamente, cuentan con una organización superior y con una institucionalización más sólida, que les permitiría realizar una gestión de gobierno más democrática y autónoma.
