El legislador nacional sostiene que Maidana fue miembro fundador de CBI Cordubensis, situación admitida por el titular del Banco de Córdoba, y que además fue parte del directorio de la compañía de Cajas de Seguridad VMCBA Seguridad S.A hasta agosto de 2012.
Juez dice que esa situación "infringe" el artículo 310 del Código Penal que dice "será reprimido con prisión de uno a cuatro años, multa de dos a ocho veces el valor de las operaciones realizadas e inhabilitación especial hasta seis años, el que por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realizare actividades de intermediación financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con autorización emitida por la autoridad de supervisión competente".
"Maidana no sólo conocía que la financiera funcionaba como una mesa de dinero y lavado, sino que fue parte"Luis Juez
Juez se respalda en documentaciones que, según dice, Maidana "infringió la ley ocho meses" al ser directivo de la compañía financiera villamariense y paralelamente titular del Banco de Córdoba, cargo al que asumió en diciembre de 2012.
Maidana había manifestado a los medios locales que en Vmcba Seguridad S.A tuvo participación societaria hasta que asumió en el Banco de Córdoba.
Con respecto a CBI Cordubensis, admitió que fue socio de la entidad financiera hasta el 2009, con un 10 por ciento de participación que entonces vendió, pero que hasta su ida la compañía no funcionaba como financiera, sino que únicamente disponía de cajas de seguridad y un salón para que los clientes pagaran a sus proveedores.
Esta situación tuvo un importante impacto político, ya que Juez involucra también con la financiera a un funcionario del intendente radical capitalino, Ramón Mestre, y consecuentemente frustró los diálogos entre radicales y juecistas para un eventual acuerdo local en el marco de las alianzas que viene promoviendo el FAP.
La investigación de la CBI fue iniciada por el fiscal federal Enrique Senestrari a partir de que el vicepresidente, Jorge Suau, fuera encontrado muerto en su vehículo, el 13 de febrero, aparentemente por inhalación de monóxido de carbono.
En tanto, el titular de la compañía financiera, Eduardo Rodrigo, decidió esconderse junto a su familia argumentando que teme por su vida y se presume que se encuentra en un país limítrofe.
Después de la muerte de Suau, la compañía decidió cerrar sus puertas, lo que generó la reacción inmediata de muchos ahorristas que no pudieron recuperar sus depósitos.
La investigación preliminar que lleva adelante el fiscal Senestrari sostiene que la financiera "no tenía autorización del Banco Central", y que las pruebas hasta el momento recolectadas establecen que la entidad funcionaba como "una cueva de dinero ilegal", respaldándose en una carta que había dejado Suau para ser entregada a la Justicia Federal por si le pasaba algo.
Fuente: Télam
