Dijo que los argumentos que sustentan el fallo judicial“desconocen e incumplen nuevamente disposiciones establecidas en materia de la admisibilidad formal del amparo”y explicó que la ley 4642 establece“que la acción de amparo no será admisible cuando distintas vías previas o paralelas judiciales o administrativas le permitan obtener la protección pronta y eficaz del derecho constitucional de que se trate”
Siempre basándose en las disposiciones de la referida ley, manifestó que para cumplir con los requisitos que debe observar la presentación del amparo“la demanda deberá interponerse por escrito y contendrá declaración jurada del peticionante sobre la inexistencia de un reclamo similar anterior por la cuestión”, razón por la cual consideró que“formalmente este recurso no podía ser admisible por cuanto fue violada esta norma, ya que el titular de este amparo había presentado previamente, en diciembre del año 2001, una acción de conflicto de poderes ante la Corte de Justicia de la provincia, donde el reclamo era idéntico, y luego en el primer día hábil posterior a la feria se presenta este amparo”, por lo que recordó que al momento de hacerse efectivo el amparo“ya había una vía previa judicial habilitada”
Expresó que tal situación“debe adjudicarse pura y exclusivamente a la responsabilidad del recurrente por haber elegido una estrategia judicial equivocada, que luego como consecuencia tendría la imposibilidad de interponer otra vía recursiva como el amparo, conforme lo establece esta ley, de modo que no se puede alegar la propia torpeza de haber elegido equivocadamente una estrategia judicial, es decir de plantear un conflicto de poderes cuando lo lógico e idóneo hubiera sido presentar desde un inicio esta acción de amparo”
Macedo apeló a preceptos constitucionales, señalando que allí“se dispone que cada Cámara legislativa es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez”, consideró que el criterio de los jueces en ese sentido“es totalmente errado”, y recalcó que“a través de este fallo quiere dejarse de lado la unánime doctrina y jurisprudencia que confieren facultades propias o privativas de los cuerpos deliberativos para constituirse en juez de la elección y títulos de sus miembros”
Asimismo, cuestionó que el fallo judicial utiliza equivocadamente un antecedente“que no tiene absolutamente nada que ver con el tema motivo del amparo, por cuanto equipara la situación de los senadores electos por el Partido Justicialista, Ramón Eduardo Saadi y Oscar Ramón Garbe, que no pudieron ingresar al Senado de la Nación”y explicó que“lo que existía era un impedimento para los nominados por el Partido Justicialista en virtud de no haberse cumplimentado las disposiciones establecidas en la cláusula transitoria para la elección de los senadores nacionales, ya que no había sido ratificada la elección del partido a través de la Asamblea Legislativa de la provincia de Catamarca”
Consideró que lo más grave del fallo radica en el sentido de que se“se subestima el cupo femenino, por cuanto dice que con el recurso del cupo se modifica una situación en el cual se crea un título para una diputada que no lo tenía, cuando aquí la razón fundamental era que la lista de Unidos por Catamarca no había cumplimentado los requisitos y las exigencias de la ley 24012, a la que nuestra provincia adhirió a través de la ley 4919”
“De modo que entendemos que el razonamiento y opinión de los jueces es refutable, porque se apela a situaciones que no se ajustan a verdad y que son contradictorias”, agregó.
Finalmente, reivindicó y ratificó la posición asumida por el saadismo durante la sesión preparatoria en la que Liliana Funes ocupó la banca en reemplazo de Roberto González“por cuanto estamos en la plena convicción que esta Cámara de Diputados ha actuado conforme a la Constitución y a las leyes” (Prensa Diputados)
