Se trata de la Escuela Normal de San Rafael donde "los alumnos reclamaban contra el arancelamiento ilegal y compulsivo dispuesto por las autoridades educativas", oportunidad en la que se hicieron presentes fuerzas policiales acompañadas del juez Oscar de Diego, quien detuvo a un estudiante, supuestamente, por infracción al artículo 49 inciso "e" del Código de Faltas (insultos).
Sin embargo, "conforme a una grabación audiovisual que los organismos no tuvieron disponible sino hasta diciembre de 2014, el juez tenía en mente el propósito de disolver la asamblea", señalaron en un comunicado.
La intervención del magistrado motivó que hasta la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto le solicitara en una carta al gobernador mendocino Francisco Pérez "que se investiguen los hechos denunciados" y "el cese de persecuciones ideológicas encubiertas como faltas administrativas".
"Los hechos del juez podrían constituir mal desempeño de funciones por ejercer actos de manifiesta arbitrariedad, sin perjuicio de que podrían quedar subsumidos en los delitos tipificados en el Código Penal en los artículos 142 bis, 144 bis y 248", manifestaron.
Desde la APDH indicaron que "los organismos de derechos humanos se presentarán ante la Comisión de Jury de Enjuiciamiento
con sede en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza con un escrito propio, ampliando la prueba y los hechos reprochables".
Fuente: Télam
