En el marco de los alegatos, el fiscal Fernando Fiszer reclamó para el imputado dos años de prisión en suspenso y ocho de inhabilitación.
La querellante Claudia Ferrero, del PO, pidió la pena de tres años y ocho meses de prisión y el doble de inhabilitación por el delito de "destrucción de un medio destinado a ser utilizado como prueba en una causa judicial", en tanto que por el mismo cargo el abogado del CELS Federico Efrón reclamó tres años y tres meses y también el doble de inhabilitación.
Locles está sentado frente a los camaristas Gustavo González Ferrari, María Bértola y María Inés Cantisani, acusado de adulterar el proyectil extraído del cuerpo sin vida del militante de izquierda Mariano Ferreyra asesinado por una patota de la Unión Ferroviaria, el 20 de octubre de 2010.
Al pronunciar sus "últimas palabras" ante el Tribunal Oral en lo Criminal 16, el imputado intentó convencer a los jueces sobre su "inocencia", al igual que lo había hecho en su alegato su defensor Luis Alberto Grisolía, quien pidió la absolución del perito, tras lo cual los jueces se retiraron a deliberar para el dictado del veredicto que se conocería esta tarde.
Los hechos por los que Locles será juzgado ocurrieron durante una junta de peritos dispuesta por la jueza de instrucción Wilma López -quien instruyó el crimen de Ferreyra- cuando el imputado, como "perito de parte" propuesto por la defensa de uno de los imputados, habría intentado alterar la morfología del proyectil que mató al joven militante del PO.
En esa ocasión, Locles, "con la supuesta finalidad de explicar su teoría (de que el proyectil habría rebotado previo a herir al occiso), lo golpeó reiteradamente contra la mesa de trabajo existente en el gabinete", lo que provocó "leves aplastamientos en la parte de su ojiva y el cuerpo".
Por el intento de destrucción de prueba, el perito fue procesado en una resolución que el año pasado fue confirmada por la Cámara del Crimen con la firma de Alfredo Barbarosch y Luis Bunge Campos.
Fuente: Télam
