Si bien oficialmente quien debe intervenir una provincia es el Congreso de la Nación (artículo 75 de la CN, inc. 31) en caso de encontrarse en sesiones ordinarias y el Poder Ejecutivo durante el receso, se descuenta que la Presidente tendrá la mayoría parlamentaria para terminar antes de tiempo y de un modo que nadie imaginó con los doce años de gobierno de José Alperovich.
El argumento que utilizará el kirchnerismo para sostener la intervención es que, frente al fallo que anula las elecciones y la imposibilidad de convocarlas nuevamente antes del 29 de octubre, cuando vence el mandato de Alperovich, la provincia quedaría sin gobierno.
Para evitar que esto suceda, la propuesta de la oposición para cubrir la ausencia de gobernador sería que la provincia en forma supletoria tome el sistema de acefalía nacional –Tucumán no tiene un régimen propio de acefalía– y el titular de la Suprema Corte local, Antonio Gandur asuma el poder.
El mundo K y especialmente la Presidente han tomado el caso tucumano como una cuestión personal. Creen que todo lo que sucedió en Tucumán forma parte de una jugada mucho más amplia –cuyo segundo capítulo podría vivirse en Chaco en horas– de deslegitimación de los resultados de las elecciones generales del 25 de octubre.
A esta altura de los acontecimientos poco le importa a la Casa Rosada quién gano en Tucumán o quién la gobernará: la preocupación es el poder real que mostró la oposición, tanto en la calle, como en los medios de comunicación y finalmente en el Poder Judicial para, como dicen los funcionarios nacionales, "dar vuelta una elección que ganamos por 12 puntos".
Reconocen en privado que la oposición –lesionada en el mundo PRO en los últimos días por el caso Niembro– acertó al poner el acento y el foco en la cuestión del régimen electoral y el fraude. "Han armado un buen punto. Cualquier cosa que pasa en cualquier elección es fraude. Inclusive la demora en los datos –un problema técnico que atrasa la información sobre los datos, pero no los cambia– también es tomada como una irregularidad, cuando en algunos casos es una falla en el sistema de comunicación con el correo y en otros, directamente la consecuencia de la presentación de infinidades de listas para cargos municipales, como sucedió con las PASO en la provincia de Buenos Aires y ahora en Tucumán con los acoples" argumentan.
Como si todo esto fuera poco, también juega su papel la fría relación entre Cristina y Alperovich. Según quién relate el relato, todo se complicó cuando la Casa Rosada decidió reemplazar a Beatriz Rojkés de Alperovich como presidente provisional del Senado y nombrar en su lugar a Gerardo Zamora, ante la posibilidad de una agravamiento de la situación político judicial del vice Amado Boudou.
El episodio distanció a Alperovich del kirchnerismo y por esa razón es que en el último año era considerado un aliado de Daniel Scioli en el armado "pejotista" del país junto a Juan Manuel Urtubey de Salta y José Luis Gioja en San Juan. Fue en esa condición y en ese clima que Scioli viajó a Tucumán en la noche del domingo 23 de agosto a sumarse al festejo ganador en una provincia de un "gobernador propio".
La Casa Rosada se plantea por estas horas un interrogante cruel para el gobernador tucumano. "¿Lo que pasó es consecuencia de José es muy torpe o que no está jugando bien?", se preguntan. La respuesta será la misma en cualquiera de los dos casos: salvo que Alperovich le entregue al gobierno nacional la victoria tucumana avalada por su propia Corte provincial, o la Corte Nacional decida entrometerse en la cuestión, el gobernador no terminara su mandato. Cristina lo interrumpirá antes.
El Gobierno dice que cuenta con jurisprudencia para que la Corte Suprema Nacional se ocupe del caso tucumano. El eje del planteo no es la elección en si misma o las irregularidades al Código Electoral que pudieron haberse cometido –que es lo sustancial del fallo de la Sala I Contencioso Administrativo tucumana– sino que un tribunal que "no es natural" para opinar sobre cuestiones electorales lo haya hecho y con la inédita resolución de anular un comicio.
Precedentes
Un antecedente que tiene un caso similar recién en 1931 cuando el entonces presidente de facto José Félix Uriburu descontento con la victoria radical en la provincia de Buenos Aires decidió anular la elección.
Otros precedentes parecidos –pero no semejantes– fueron Catamarca en 2003, cuando el entonces gobernador Oscar Castillo suspendió las elecciones mientras se estaban realizando por irregularidades en candidaturas. Relacionado con acefalia provincial y posterior intervención, otra situación análoga ocurrió en Corrientes en 1991 cuando el colegio electoral no se ponía de acuerdo para nombrar al nuevo gobernador.
Si la decisión que puede tomar la Corte Nacional, en el supuesto de que acepte un caso provincial, resulta un enigma, más complejo todavía es el panorama judicial local. La suposición de que Alperovich manejara un fallo favorable con un control remoto puede enfrentar adversidades.
El máximo tribunal tucumano tiene una integración de cinco miembros, de los cuales cuatro tendrían causales para excusarse en el expediente elecciones: Antonio Estofán, Claudia Sbdar, Daniel Posse y el presidente Gandur.
Estofán por ser amigo de Antonio Ahumada, el abogado que presento el pedido de anulación de los comicios; Sbdar por ser enemiga manifiesta de Ahumada; Posse es hermano de Jorge Posse Ponessa, el fiscal de Estado; y Gandur por ser ya parte en el entuerto al ser también titular de la controvertida Junta Electoral.
Este último organismo, como muy bien advirtió el diario La Gaceta, constituyó el huevo de la serpiente: su conformación final –el día de la elección integrada por Gandur y la fiscal Ana María Rosa Paz, en representación del Ministerio Público Fiscal– fue precedida por una escandalosa guerra político judicial en virtud de que uno de sus miembros -Edmundo Jiménez- fue durante 11 años nada menos que ministro de gobierno de Alperovich.
Volvamos a la Corte: el único ministro que le quedaría al gobernador seria René María Goane, quien si bien no fue nombrado por él –como Estofán, Sbdar y Posse– viene votando en sintonía con la administración provincial. Los otros dos votos para voltear el fallo de la anulación deben buscarse en el ahora "enemigo" fuero Contencioso Administrativo.
El recorrido tampoco es fácil: descartados Salvador Ruiz y Ebe López Piossek, autores de la sentencia de anulación, Horacio Castellanos que se había excusado antes, y Sergio Gandur por ser hijo del presidente de la Corte Suprema, habría que acudir a los jueces Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello, ambos de la Sala I. Y si sigue la acefalía recurrir a otros fueros.
Una batalla judicial. Un escándalo político. Un sistema político clientelar con tantos candidatos que hasta impide encontrar jueces que lo controlen por lazos familiares. Un régimen electoral antiguo e irregular. Una intervención en el horizonte. Esta es la Tucumán que deja Alperovich.
Fuente: infobae.com
