En una resolución de 534 carillas, Casanello también efectuó "una recomendación" a los poderes Ejecutivo y Legislativo para que "evalúen la propuesta e incorporación, como tipos penales específicos -castigados con arreglo a los principios de organicidad y proporcionalidad de las penas respecto de la gravedad de los delitos-, de la represión de la conducta de los funcionarios que omitiesen evitar la comisión de tareas de inteligencia prohibida cuando tuviesen competencia para ello".
La sugerencia del juez apunta a castigar a "los funcionarios a cargo de la repartición, establecimiento, departamento, dependencia o cualquier otro organismo en cuyo seno se hubiese producido la inteligencia prohibida, si las circunstancias del caso permitiesen establecer que el hecho no se hubiera cometido de haber mediado la debida vigilancia o adoptado los recaudos necesarios".
En los fundamentos de la sentencia el juez explica que "las prácticas constatadas en el ámbito de la inteligencia naval que son materia de análisis en el presente debate han sido, además de ilegales, habituales, reiteradas en el tiempo y generalizadas".
"Esto nos indica que las prácticas prohibidas, al compartir esas características, lo que estaban reflejando era una norma implícita de la estructura de la Armada Argentina toda en tanto organización. Una norma implícita es algo no dicho formalmente pero, de todos modos, respetado y obedecido: una suerte de costumbre", detalló Casanello.
El magistrado -que actuó como tribunal unipersonal por tratarse de un delito correccional- sostuvo que "sólo imaginando que Godoy y Rótolo fuesen dos personas extrañas a esa estructura podría pensarse que tal norma implícita les era ajena. Pero lo cierto es que ambos eran marinos de larguísima trayectoria dentro de la fuerza y, por ende, estaban al tanto de las prácticas generalizadas y repetidas consuetudinariamente al interior de la estructura".
Fuente: Télam
