La sesión, que duró 14 horas, contó con la retirada del representante por el gobernante partido Frente Amplio (FA), Víctor Semproni, quien se salió del hemiciclo tras confirmar que no votaría en la anulación del Proyecto. El diputado representaba el voto decisivo de la sesión.
El legislador del FA había afirmado que su decisión correspondía al respeto de la voluntad popular. Semproni anunció que, en contra de lo que definió el Frente Amplio en su último Plenario Nacional, no acompañará la iniciativa por "el respeto que siente hacia la ciudadanía", que ratificó la mencionada normativa en dos referendos en 1989 y 2009, en los que los mismos uruguayos se negaron a dejar sin efecto la legislación.
Con este argumento, Semproni afirmó que consideraba el proyecto interpretativo “una decisión inconstitucional” y por ende, iba a plantear la derogación de la ley de Caducidad en la Asamblea General, mediante un acuerdo interpartidario.
Ante la posición del diputado, el presidente uruguayo, José Mujica había pedido a Semproni acatar la decisión del Plenario Nacional del FA y apoyar el proyecto del partido de gobierno.
El mandatario en su espacio radial, llamó a Semproni a no retirarse y que acompañe la decisión "a pesar de su discrepancia" para mantener la "unidad de acción", algo que, afirmó el mandatario, es de "enorme importancia" para un Gobierno; pese a este, el duputado hizo caso omiso a la observación.
El Frente Amplio (FA) cuenta con 50 de los 99 escaños de la Cámara de Diputados. La negativa de Semproni había dejado en el aire la iniciativa porque la oposición en pleno dijo hace semanas que la iba a rechazar.
La nulidad de la ley de Caducidad ya fue consultada en Uruguay a través de referendo en dos ocasiones en los años 1989 y 2009, ocasiones en que el pueblo uruguayo sufragó en contra de la anulación de la normativa legal. Éste es el principal argumento de la oposición para negar el proyecto, pues consideran que irían en contra de la voluntad del pueblo.
Por otro lado, la propuesta de anulación surgió luego de que la la Suprema Corte de Justicia indicara que la Ley de Caducidad es inconstitucional, y ante una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordenó a Uruguay investigar y sancionar las desapariciones forzadas.
La Ley de Caducidad establece que se debe consultar al Ejecutivo los casos que se llevarán a juicio, sobre delitos cometidos durante la dictadura uruguaya de 1973 a 1985. (Diario 24.com)
